“Caso Villarrubia, Domingo y Coria”


IES Jorge Manrique, Palencia.

Don Luís Domingo González
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León
Avenida Casado del Alisal, Palencia

Jorge Martín Lapresa, cuyos datos identificativos conoce esta Delegación Territorial por mis escritos de 25/02/15, 8/05/15 y 15/05/15, expone y solicita lo siguiente mediante tuteo para evitar la enojosa ambigüedad referencial derivada del uso de la palabra “usted”.

EXPOSICIÓN DE HECHOS

PRIMERO. La sentencia 79/17 del Tribunal Supremo acaba de condenar como prevaricador (A419 CP) a un profesor porque había aprobado arbitrariamente a una alumna suya. Dicha sentencia nos dice que la calificación del rendimiento de un alumno no es un acto graciable que expresa su sabiduría sino un auténtico acto administrativo: “La decisión del personal administrativo, en general el profesor, que fija el nivel de adquisición de conocimientos, con destino al expediente del alumno, y que se refleja, al ser definitiva, en un acta, constituye pues de manera indudable un acto administrativo de resolución administrativa de un procedimiento de tal naturaleza”.

El A103 de la Constitución prescribe que dicho acto administrativo sea transparente para que cualquier ciudadano pueda impugnar su eventual disconformidad con la legalidad. Por ello esta sentencia nos advierte a todos en general, y a los docentes en particular, que “la libertad de cátedra (…) no debe constituir una carta en blanco para expedir la acreditación de suficiencia de conocimientos de modo libérrimo y, menos, exento de CONTROL que excluya la ARBITRARIEDAD. Porque, sin necesidad de otras consideraciones, ha de partirse de dos referencias limitativas incuestionables: (1) el derecho del estudiante a la objetividad en la evaluación de su competencia y (2) los INTERESES PÚBLICOS sobre los que en definitiva la oficial proclamación de capacidad del estudiante despliega sus efectos en la medida que (le) habilita para actividades profesionales de las que son destinatarios los CIUDADANOS”.

SEGUNDO. Los hechos relativos a la reclamación de la hija de Julio Villarrubia contra su nota de septiembre de 2016 en matemáticas han sido brillantemente relatados por el diario vallisoletano “ultimocero.com” mientras el periodismo palentino (corroborando cuán independiente es… de la verdad) o bien hacía un ignominioso mutis por el foro o bien, como el Norte de Castilla, intentaba echaros un no menos ignominioso capote a Julio Villarrubia, a ti, y a otros “partícipes” en este sórdido asunto como Jesús Coria y Sabino Herrero.

Si bien es cierto que tales hechos son anteriores al 1/10/16, fecha en la que la Ley 30/92 fue substituida por la Ley 39/15 (y su gemela, la Ley 40/15), tanto el A89.5 de la derogada Ley 30/92 como el A88.6 de la derogante Ley 39/15 nos dicen lo mismo acerca del contenido de las resoluciones administrativas: “La aceptación de INFORMES o dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando SE INCORPOREN AL TEXTO de la misma”.

TERCERO. El A35 de la Ley 30/92 reconoce a cualquier ciudadano (como yo) en sus relaciones con las Administraciones Públicas los derechos a “conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tenga la condición de interesado, y obtener copias de documentos contenidos en ellos” y a “acceder a la información pública, archivos y registros”. Como lo referido en los dos primeros numerales de este escrito deja claro que yo, como todo ciudadano español, tengo la condición de interesado en el procedimiento por el que la hija de Julio Vilarrubia ha visto estimada la referida reclamación es mi deseo poder controlar la eventual arbitrariedad con la que dicho procedimiento se habría substanciado.

El texto de toda resolución administrativa conforme a derecho tiene dos partes fundamentales: la considerativa y la dispositiva. Pues bien, de los citados A89.5 (Ley 30/92) y A88.6 (Ley 39/15) se infiere fácilmente que el tan mencionado informe del caso que nos ocupa es un componente esencial de la parte considerativa que te ha “conducido” a estimar la reclamación en cuestión. Sin embargo, en el artículo de “ultimocero.com” leemos que Julio Villarrubia y tú os basáis en un informe que no solo rehusáis enseñar con la silente complicidad de toda la comunidad educativa del IES Jorge Manrique (salvo Fátima Zamora) sino que además, según Julio Villarrubia, fue firmado por los compañeros de Fátima “¡¡¡pidiendo que no se dieran sus nombres!!!”. Y, a fortiori, El Norte de Castilla, en la vergonzante versión en papel del domingo 19/03/17, fecha dicho informe en junio (y no en septiembre) aumentando así, si cabe, los graves indicios de prevaricación que ya pesan sobre los sospechosos a los que, en mi opinión, este periódico ha pretendido proteger tan torpemente.

CUARTO. Como ya sabes –gracias, en parte, a los escritos que en vano te dirigí el
25/02/15, el 8/05/15 y el 15/05/15 y a la infructuosa reunión celebrada en tu despacho a instancias mías el 25/03/15 en la que Sabino Herrero y tú os negasteis con hilarantes motivos a escuchar las lícitas grabaciones que acreditan la mendacidad que ya reinaba en mi instituto– la afición a invocar informes que no se enseñan con pueriles excusas (como, por ejemplo, la de la minoría de edad de los alumnos implicados) es ya un clásico entre los prebostes educativos de nuestra Consejería de Educación.

Conoces perfectamente, pues, que en 2013 Jesús Coria y Sabino Herrero (con la cooperación de Casilda Hervella, Rosario Gil, Sotero García, Juan Manuel Alonso y Azucena Calvo) estimaron arbitrariamente las reclamaciones infundadas de dos alumnas mías basándose respectivamente en un informe arbitrario y en otro “escondido” sin que los profesores del claustro (informados por mí de estos dos ilícitos en la sesión de 12/09/13) ni los de la Junta de Personal Docente osasen musitar el menor reproche.

QUINTO. La Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (LO 15/99), tan perniciosa por ser abusivamente invocada para legitimar el encubrimiento, no es óbice para que se satisfaga mi concreta pretensión de conocer los argumentos con los que has concluido que la hija de Julio Villarrubia merecía aprobar las matemáticas en septiembre de 2016. Espero, pues, que no invoques ni esta ley ni cualquier otra mala excusa para “justificar” una eventual negativa a lo que seguidamente solicito porque, entonces, presentaría inmediatamente una copia de este escrito en el JUZGADO DE GUARDIA.

SOLICITUDES

PRIMERA. Que se me permita sin indebida dilación, por un lado, acceder al expediente original de la reclamación referida en la parte expositiva de este escrito a fin de consultar, principalmente, el informe en el que se basó la parte dispositiva de la resolución final de dicho expediente y, por otro lado, obtener copias de lo que considere menester.

SEGUNDA. Que, en el plazo de una semana desde el registro de este escrito, se publique el referido informe en lugar destacado de la Web del IES Jorge Manrique y se remita una copia compulsada de dicho informe al diario digital “ultimocero.com”.

Palencia, 22 de marzo de 2017

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