¿Los golpistas de Waterloo deben mantener sus derechos fundamentales cuando ni siquiera ellos cumplen con su deber de presentarse a la Justicia por el golpe de Estado?
Carlos Puigdemont y Joaquín Torra, expresidente y presidente actual de Cataluña.
Por Jesús Salamanca / Esta España nuestra es cada vez más sorprendente. Hace poco leía en un medio de comunicación que ni la Fiscalía ni los jueces responden a las expectativas de la ciudadanía ni van en la línea del sentido común; de ello no parece haber duda porque, incluso, dentro de esos mismos Cuerpos hay serias discrepancias y la misma ley no se interpreta igual por todas las partes ni para todas las partes. Va a ser verdad que quien hizo la ley, hizo la trampa, como va a ser verdad que “todos somos iguales ante la ley, pero unos más iguales que otros”. Todo esto viene a cuento por la situación del poco o nada honorable, Carlos Puigdemont, expresidente de la Generalidad catalana.
Dentro del circo en el que Puigdemont nos tiene inmersos, cada día nos encontramos con un nuevo espectáculo. Recientemente hemos comprobado cómo la Fiscalía era contraria a excluir a este personaje de las elecciones europeas, hasta el punto de que descaradamente mostró su oposición a la resolución de la Junta Electoral Central (JEC). A día de hoy es sabido que sí pueden presentarse el personaje fugado de la Justicia, el tal Toni Comín y Clara Ponsatí, ambos exconsejeros.
