Según el PCAS la Junta se “olvidó” remitir a la Audiencia Naconal actuaciones en Burgos y Valladolid de la principal empresa implicada en la “Operación Púnica”
Vista general del HUBU
El Partido Castellano (PECAS) ha puesto sobre la mesa el ‘olvido’ de la Junta de Castilla y León a la hora de incluir trabajos de Cofely en la región que no se encuentrarían entre los expedientes remitidos a la Audiencia Nacional y relacionados con la “Operación Púnica”.
Según el PCAS, la empresa Cofely Contracting habría percibido unos 25 millones de euros por sus actuaciones en la construcción del Nuevo Hospital Universitario de Burgos (HUBU). Esta empresa es la filial en España de GDF Suez, implicada en la trama de corrupción que presuntamente dirigían Francisco Granados y David Marjaliza, cuyo director general Didier Maurice y tres de sus más altos directivos han sido detenidos.
Según los datos facilitados por esta formación política, “Cofely fue la adjudicataria de la implementación de los Servicios de Climatización del HUBU, por importe de 17 millones de euros, aunque finalmente recibió más de 21 millones de euros (con un incremento del coste inicial cercano al 25%, cuatro millones de euros más). Además Cofely fue la adjudicataria de las obras asociadas a la Climatización del HUBU, en varios de los modificados posteriores a la redacción del proyecto inicial del HUBU, por importes que rondarían los 4 millones de euros más”. De esta manera se trataría de «la mayor operación económica que la empresa clave de la corrupción que aflora la ‘Operación Púnica’ realizó en Castilla y León».
Para este partido, la Junta de Castilla y León, que el pasado jueves anunció a bombo y platillo el envío a la Audiencia Nacional de sus expedientes con Cofely por un importe total de 5,7 millones de euros no ha tenido en cuenta «que el dinero con el que se paga la construcción y mantenimiento del HUBU es también dinero público de los ciudadanos de Castilla y León”.
Entre los expedientes ‘olvidados’ -no remitidos a la Audiencia Nacional- se encontraría también “un contrato de la sociedad pública Somacyl, con la Universidad de Valladolid para poner en marcha una Red de Calor, adjudicado por 7,5 millones y financiado a través del Banco Europeo de Inversiones”.
El PCAS exige “la regeneración del sistema político, que pasa por una previa e intensa persecución implacable de la corrupción y un endurecimiento de los criterios de control, transparencia y funcionamiento económico de los partidos políticos”.
Análisis en clave liberal 
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