Un golpe a las instituciones del Estado, igual que en Perú

El Gobierno amenaza con «responsabilidades penales» a los jueces que no colaboren en su asalto al TC

Patxi López por encargo de Pedro Sánchez, presentó este viernes la enmienda de su formación para modificar el Código Penal ocultando la modificación de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, con la que se cambiará la mayoría de tres quintos que debe sumar el CGPJ en la elección de los dos magistrados al Tribunal Constitucional que le corresponden –a partir de ahora, bastará con mayoría simple–. Además, el socialista ha dicho que los miembros del CGPJ que se nieguen «a cumplir con sus obligaciones», tendrán que asumir «responsabilidades, incluso, de carácter penal».

Según López, en cuanto entre en vigor la reforma, el presidente del CGPJ tendrá cinco días para abrir el plazo de candidaturas. Durante este periodo, cada vocal podrá presentar un candidato para ser miembro del TC. Tres días después, debe celebrarse el pleno de votación y, una vez resuelto, serán designados los dos candidatos que tengan más votos. Si se produce un empate, acabará decidiendo el presidente del CGPJ. Debido al «bloqueo intolerable por parte de algunos miembros del CGPJ que se niegan a cumplir con sus obligaciones de nombrar a dos miembros del TC», esto tiene «carácter imperativo» y, «si se incumple, tendrán que asumir responsabilidades, incluso, de carácter penal».

Tal y como contó eldiario.es, a los vocales o al presidente del Consejo que persistan en el bloqueo, tras la aprobación de la reforma, se les podrían imputar los delitos de desobediencia o prevaricación omisiva. El primero puede castigarse con una pena de prisión de entre tres meses y un año y con una multa de entre seis y dieciocho meses; el segundo, si es considerado grave, con hasta una pena de prisión de uno a cuatro años y una inhabilitación absoluta de hasta entre 10 y 20 años.

La misma estrategia utilizada por Castillo para su autogolpe

En una situación similar a la de Perú, de ahi la insistencia de Abascal y de Arrimadas de una moción de censura España ni siquiera tendría las herramientas legales para una respuesta así de rápida y contundente.

Aún no puede decirse que el país andino se haya librado del zarpazo del comunismo, pero el fracaso del golpe de Estado de Pedro Castillo y la fortaleza que demostraron las instituciones y la sociedad civil peruana son motivo para la esperanza.

Hay que celebrar esa rapidísima respuesta y esa fortaleza de las instituciones peruanas: el Congreso se mantuvo firme y, sobre todo, las Fuerzas Armadas y la Policía estuvieron en todo momento y con absoluta claridad del lado de la legalidad constitucional.

Del mismo modo, la sociedad civil mostró un indudable vigor: desde las televisiones y los periódicos que retransmitieron en directo el golpe de Estado hasta los ciudadanos anónimos que cercaron sedes diplomáticas para que el golpista corrupto Castillo no pudiese eludir la acción de la Justicia.

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