De confirmarse la apertura de juicio oral contra Borràs, perdería su cargo institucional.


CATALUÑA

El juez procesa a Borràs por corrupción y compromete su continuidad como presidenta del Parlament

La también líder de Junts deberá abandonar su cargo institucional si se abre juicio oral contra ella

Borràs, junto al 'president' Aragonès.
Borràs, junto al ‘president’ Aragonès.EFE

Diario EL MUNDO / Laura Borràs se asoma al abismo. Su continuidad como presidenta del Parlament y su futuro político penden de un hilo después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) haya decidido procesarla, dejándola a un paso de ser juzgada por cuatro delitos de corrupción.

El Alto Tribunal ha solicitado a la Fiscalía que en el plazo de diez días presente escrito de acusación, último trámite para la apertura de juicio oral contra la también recién escogida presidenta de Junts, en sustitución de Carles Puigdemont.

El magistrado ha cerrado la instrucción y procesado a Borràs por los delitos de prevaricación, fraude, malversación continuada y falsedad documental durante su etapa como alto cargo de la Generalitat en la Institució de les Lletres Catalanes, que dirigió entre marzo de 2013 y febrero de 2017.

Es la segunda vez que el juez instructor procesa a la presidenta del Parlament, que en la primera ocasión recurrió la decisión del magistrado alegando que se no se le había ofrecido el suficiente tiempo para defenderse, lo que lo obligó a abrir una nueva ronda de interrogatorios que ha acabado con el mismo desenlace.

Según el juez, los indicios «evidenciarían» que Borrás «abusó» de sus funciones como directora de la Institució de les Lletres Catalanes, dictando «resoluciones injustas» para adjudicar 18 contratos menores, «con plena conciencia» de que «entraban en contradicción con las exigencias de la legislación reguladora de los contratos del sector público», para «favorecer» a su amigo, el también acusado Isaías H.

El magistrado remarca en su auto que las comunicaciones electrónicas entre Borràs e Isasías H. son «indicios suficientemente sólidos» para demostrar que ambos se concertaron para «desfraudar» al organismo dependiente de la Generalitat.

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