Pese al aumento imparable del gasto público, los políticos mantienen intactas sus ventajas fiscales. Alcaldes, concejales y parlamentarios autonómicos también tienen trato preferente.
Vista del Congreso de los Diputados en Madrid.
LOS RÁBANOS POR LAS HOJAS / Mientras los contribuyentes se afanan estos días en realizar la declaración de la renta que procede de la totalidad de sus ingresos, el Gobierno -que sigue manifestando su interés en subir los impuestos para obtener una mayor recaudación- no ha dicho aún si en la próxima reforma va a suprimir los privilegios fiscales de que disfruta la clase política, con los diputados y senadores a la cabeza. De momento, continúan pese a los llamamientos a la igualdad entre los ciudadanos, no en la fiscalidad en este caso, mientras la ejemplaridad que debería suponerse de los representantes electos brilla por su ausencia.
Hasta los expertos a los que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha encargado el Libro Blanco de la reforma fiscal que pretende hacer el PSOE piden en la página 131 de su informe que “desde el respeto al principio de igualdad (y, en este caso, también por evidentes motivos de ejemplaridad), debería suprimirse el tratamiento privilegiado de la exención total de las dietas y asignaciones para gastos de viajes que se abonen a los diputados españoles en el Parlamento Europeo, a los diputados y senadores de las Cortes Generales, a los miembros de las asambleas legislativas autonómicas, concejales de ayuntamiento y miembros de las diputaciones provinciales, cabildos insulares u otras entidades locales que recoge el artículo 17.2.b de la Ley del IRPF”. “Su tratamiento”, mencionan los expertos, “debería equipararse al régimen general de dietas” de los demás contribuyentes.
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Análisis en clave liberal 
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