El Supremo, «atónito» y «perplejo» por la «reinterpretación» del Congreso de la sentencia contra Alberto Rodríguez


Rasta

Diputado de Podemos condenado por atentado a la autoridad, hecho suficientemente probado, a pesar de la falsedad que la extrema izquierda ha intentado imprimir a la condena.

La decisión de la Mesa del Congreso de permitir que el diputado de Podemos, Alberto Rodríguez, conserve su acta pese a la condena que le impuso la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha caído como un jarro de agua fría en el Alto Tribunal, donde observan «atónitos y perplejos» cómo el Congreso hace una «reinterpretación» de una sentencia.
Después de que se haya conocido que el PSOE y Unidas Podemos se han puesto de acuerdo en la Mesa para permitir que Rodríguez mantenga el escaño amparándose en el informe redactado por los letrados. Los dos partidos que integran el Gobierno de coalición asumen que la sentencia no afecta a su condición de diputado.
Según queda reflejado en la sentencia, esa condena conllevaba la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, es decir, que no puede ser elegido para cargo público durante la condena, y, según fuentes jurídicas, debía producirse la pérdida del escaño en el Congreso de los Diputados por ilegibilidad sobrevenida.
El debate ha sido tenso y la vicepresidenta segunda, la popular Ana Pastor, ha defendido que la sentencia contempla la inhabilitación como pena accesoria y, por tanto, no sustituible con el pago de sanción porque éste solo afecta a la pena principal. A partir de aquí ha considerado que «deben adoptarse las medidas necesarias para hacer efectiva la ejecución de la sentencia» que «lleven a la retirada de la condición plena de diputado de don Alberto Rodríguez», apoyándose tanto en el Reglamento del Congreso como en la Ley Electoral.

También desde el PP se remitió también un escrito a la Junta Electoral reclamando su intervención y hoy elevará un escrito al Tribunal Supremo informándole de lo ocurrido en el Congreso «para que tenga conocimiento» y remitirá un escrito a la Mesa solicitando su reconsideración. «La inhabilitación no puede quedar en manos de una Mesa y de las mayorías parlamentarias», ha cargado, recordando que se trata de una decisión jurídica y no política.
Este giro en los acontecimientos llega después de que el Supremo condenara el pasado 7 de octubre a Rodríguez a la pena de prisión de un mes y quince días como autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad, con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.
Según queda reflejado en la sentencia, esa condena conllevaba la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, es decir, que no puede ser elegido para cargo público durante la condena, y, según fuentes jurídicas, debía producirse la pérdida del escaño en el Congreso de los Diputados por ilegibilidad sobrevenida.
 
Una inhabilitación liquidada con una multa de 540 Euros
En esa resolución, los magistrados apuntaban que la pena de prisión se sustituía por la pena de multa de 90 días con cuota diaria de 6 euros (en total, 540 euros) y daban traslado de la sentencia a la Junta Electoral Central (JEC) «a los efectos oportunos».
Pero, tras esto, llegó el informe de los servicios jurídicos del Congreso, que este lunes consideraban que el diputado puede permanecer en su escaño pese a la sentencia del Supremo precisamente por esa sustitución de la pena de cárcel por una sanción. Es lo que esgrimen los letrados para plantear que la sentencia no debe tener efectos extra penales. 
Celebraciones en la izquierda
La mañana ha transcurrido en el Congreso entre celebraciones de la decisión de la Mesa por parte de los grupos de izquierdas y los independentistas y fuertes críticas desde los grupos conservadores. Desde Compromís, Joan Baldoví ha llegado incluso a poner en duda que Rodríguez realizara la agresión por la que ha sido condenado por el Supremo en tanto que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha utilizado el caso para volver a atacar a la Justicia española considerando que los magistrados están instaurados en el «a por ellos», en relación al independentismo y la izquierda radical. Tanto las portavoces de Junts, Miriam Nogueras, como de la CUP, Mireia Vehí, han acusado al Supremo de agredir a los derechos de los diputados y también han aplaudido que Rodríguez mantenga el escaño.
Alarma en el Supremo porque se vote una sentencia
Ahora, la decisión de la Mesa, que se sustenta en el informe de los letrados, ha hecho saltar las alarmas en el Supremo, donde fuentes consultadas califican de llamativo que se someta a votación el cumplimiento de una sentencia.
Entienden, además, que la propia sentencia y el auto de aclaración dejaban claro que la inhabilitación era consustancial por lo que han insistido en que están atónitos por lo que representa la reinterpretación de una sentencia. Avanzan que, desde la Sala, ahora toca estudiar el informe de los letrados del Congreso y actuar según corresponda.
No obstante, insisten en que cuando se impone una condena que implica la inhabilitación para sufragio pasivo, éste debe ser practicado, y apuntan que de acuerdo con la doctrina de la Junta Electoral Central (JEC) se da la ilegibilidad sobrevenida. Añaden que esto fue ratificado además por la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo cuando resolvió, por ejemplo, el recurso del expresidente de la Generalidad, Quim Torra.
Por todo esto, consideran que se ha realizado una reinterpretación de la voluntad de la Sala y lamentan que la decisión de la Mesa del Congreso haya supuesto una suerte de recurso de apelación al Tribunal.

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