La Sala de lo Penal del Supremo, en un informe demoledor, respalda a la Fiscalía, descarta cualquier indicio de arrepentimiento y denuncia que recurran a la vía política para que se anulen sus condenas.

El juez del Tribunal Supremo, Manuel Marchena. Europa Press
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El Tribunal Supremo que juzgó la causa de la deriva independentista se opone a otorgar el indulto a los 12 condenados por el ‘procés’ en Cataluña. La Sala de lo Penal que preside el magistrado Manuel Marchena informa al Gobierno de su negativa a conceder esta medida de gracia ya sea total o parcial porque no aprecia «razones de Justicia, equidad y utilidad pública» que justifiquen los 12 indultos.
De esta forma el alto tribunal adopta el criterio de la Fiscalía y responde al Ejecutivo de Pedro Sánchez apenas horas después de que éste allanara el camino a la concesión de esta medida insistiendo en que tendría en cuenta valores como la concordia pero no la «venganza» ni la «revancha». El informe del Supremo, que no es vinculante, apunta en la dirección contraria y destaca que ninguno de los doce condenados por los delitos de sedición, malversación y desobediencia han mostrado «la más mínima prueba o el más débil indicio de arrepentimiento».
“Ni siquiera flexibilizando ese requerimiento legal podríamos atisbar una voluntad de reencuentro con el orden jurídico menoscabado por el delito. El mensaje transmitido por los condenados en el ejercicio del derecho a la última palabra y en sus posteriores declaraciones públicas es bien expresivo de su voluntad de reincidir en el ataque a los pilares de la convivencia democrática, asumiendo incluso que la lucha por su ideales políticos -de incuestionable legitimidad constitucional- autorizaría la movilización ciudadana para proclamar la inobservancia de las leyes, la sustitución de la jefatura del Estado y el unilateral desplazamiento de la fuente de soberanía”, subrayan los magistrados.
En su informe, de 21 páginas, el tribunal razona los motivos por los que considera que no se debe otorgar esta medida que viene regulada por una ley del siglo XIX. Para empezar, explica que la solicitud que formuló el letrado Francesc Jufresa no está bien enfocada en cuanto no razona los motivos por los que se debería indultar a los 12 condenados, sino que más bien se trata de un «recurso de alzada» ante el Gobierno contra el tribunal que les condenó en octubre de 2019. «Lejos de subrayar las razones que justificarían la innecesariedad de la pena, optan por centrarse a una crítica jurídica a la sentencia dictada por esta Sala», recalca el documento.
El informe cita a Jordi Cuixart que en su respuesta a la Sala afirma que todo lo que hizo lo volvería a hacer porque no cometió ningún delito. Esas palabras son para el tribunal “la mejor expresión de las razones por las que el indulto se presenta como una solución inaceptable para la anticipada extinción de la responsabilidad penal. De hecho, expresan una actitud antidemocrática, en la que la propia conciencia y el compromiso social que cada ciudadano suscribe le autorizaría a pulverizar las bases de la convivencia, a convertir en ineficaces las resoluciones dictadas por los Jueces y Tribunales de un determinado territorio, a sortear las vías legales de reforma de un sistema jurídico”, subrayan los magistrados.
Un viaje sin retorno del PSOE
Por encomiable que sea el informe del Tribunal Supremo, contrario a todo tipo de indulto a los golpistas; por mucho que sea evidente que no hay razones de justicia para concederlo y que, lejos de arrepentirse, los presos están empeñados en seguir adelante con el golpe de Estado secesionista iniciado en 2012, la clave es lo que todos los españoles saben y el Tribunal Supremo señala en su informe en comentario obiter dicta: «Algunos de los que aspiran al beneficio del derecho de gracia son precisamente líderes políticos de los partidos que, hoy por hoy, garantizan la estabilidad del Gobierno llamado al ejercicio de gracia».
Que sea Pedro Sánchez quien hable de «concordia» quien no ha tenido reparo en viajar al pasado para reabrir las heridas de la República, la Guerra Civil y el franquismo, o huye del presente para fijar la atención en la España de 2050, es una muestra de desfachatez tan colosal como la que arroja la hemeroteca a cuenta de lo que el propio Sánchez dijo hace escasos años sobre las penas que deberían cumplir los golpistas: y es que no sólo se mostró favorable al cumplimiento íntegro de las penas, sino que incluso prometió en campaña electoral sentar al fugado Puigdemont en el banquillo y emprender una reforma del Código Penal para castigar de forma especifica y más severa laconvocatoria ilegal de referéndums.
El Ejecutivo social-comunista es el único del mundo occidental que se permite tejer alianzas con formaciones comunistas y separatistas empecinadas en socavar el orden constitucional, no han de extrañar las surrealistas razones que esgrime Sánchez para indultar a los golpistas, líderes políticos de las formaciones que le sostienen en el poder.
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