Una exagente del cuerpo presenta una denuncia en Fiscalía en la que recuerda que el Ministerio del Interior dictaminó que el expresidente no tiene derecho a escolta
Una exagente del cuerpo presenta una denuncia en Fiscalía en la que recuerda que el Ministerio del Interior dictaminó que el expresidente no tiene derecho a escolta
En LOS_RÁBANOS_POR_LAS_HOJAS / Mossos d’Esquadra vigilan 24 horas al día, en tres turnos integrados por dos agentes, el domicilio de Carles Puigdemont en Girona, donde reside su esposa, Marcela Topor. ¿Es legítimo que, siendo una persona fugada, exista ese despliegue de seguridad en esa casa? La Justicia deberá determinarlo.
Porque la exagente de los Mossos, Inma Alcolea, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Girona, en la que acusa de los supuestos delitos de malversación y prevaricación al consejero de Interior, Miquel Buch; el director general de la policía, Pere Ferrer, así como contra los mossos Josep Milán, jefe de la Región de Girona; Xavier Domenech, jefe del Área Básica policial de Girona, y Josep Sala, subjefe.
Gasto de 33.000 euros mensuales
En su denuncia, Alcolea asegura que quince agentes de los Mossos, en tres turnos combinados, se dedican a proteger el domicilio de Puigdemont, a pesar de que la Abogacía del Estado remitió al Ministerio del Interior un informe que dejaba claro que el expresidente no podía utilizar ningún servicio de escoltas a cargo del erario público.
Recuerda la denunciante que cada uno de los mossos cobra 2.200 euros al mes, por lo que la seguridad de la casa de, fugado “que ni es autoridad pública y se encuentra suspendido en funciones” cuesta 33.000 euros mensuales
Análisis en clave liberal 
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