Se echan de menos manifestaciones multitudinarias y opiniones contundentes del ámbito judicial ante este golpe de Estado del separatismo catalán.

Puigdemont, presidente del Gobierno catalán y uno de los culpables del golpe de Estado en Cataluña.
Por Jesús Salamanca Alonso / Muchos estamos convencidos de que la Cup-eta y la dictadura fraudulenta narcotraficante de Nicolás Maduro está detrás de estos separatistas que violan la Constitución de todos los españoles. Tanto como apelamos a la Carta Magna de 1978, ahí viene perfectamente clarificado el artículo 155 que — desde mi punto de vista– habría que aplicar ya, sin más dilación, para evitar.
Representantes de las instituciones catalanas se han cargado vulgarmente la democracia. Han demostrado que no saben lo que es la convivencia con el resto de comunidades autónomas del Estado español; un Estado al que pretenden imitar y del que se han mofado desde hace años: ahí tienen la cantidad de veces que ha habido que recurrir al Tribunal Constitucional por desobediencia institucional o incumplimientos absurdos. El pasado miércoles, el parlamento catalán se convirtió en el hazmerreír de toda Europa y del mundo democrático; a ello hay que añadir el ridículo permanente que viene haciendo Cataluña con la creación de embajadas catalanas que nadie reconoce ni hace caso.
Resulta difícil entender que se salgan de la Constitución española apelando a la «libertad de expresión», «libertad de los pueblos», «los derechos humanos», “aspiración de libertad”, “falso consenso del pueblo catalán”,… Pero lo cierto es que es un claro golpe de Estado que hay que atajar cuanto antes. Y hay que hacerlo con toda la contundencia de la ley, como se hizo con los insurgentes del 23F. Se echan de menos manifestaciones multitudinarias y opiniones contundentes del ámbito judicial, precisamente en este golpe de Estado dañino para España, la Unión Europea y el mundo democrático. Confío en que no falten las sanciones penales ante la excesiva gravedad de lo acaecido en el parlamento catalán y el odio difundido desde algunas instituciones, entre las que no se excluye el consistorio de Barcelona. Sigue leyendo
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