¿Patria o patrimonio…?


Carlos Puigdemont, todavía presidentge de la Generalidad, ante una sesión sobre el ‘butifarrendum’.

Por Xavier Carrió / Las últimas noticias sobre los movimientos del lentísimo Tribunal de Cuentas contra los gastos de “procés”. ha causado tensión, división, sospechas, recelos, acusaciones veladas y temor a las consecuencias económicas de la desobediencia desde que el extitular de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget, pronunció la frase maldita de embargo del patrimonio de quienes hasta ahora están acostumbrados a ir hacia la independencia con los gastos pagados. 
El pánico se ha desatado en el ejecutivo catalán por el expediente abierto en el Tribunal de Cuentas y que podría suponer el embargo de los bienes de Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs para afrontar la malversación de más de cinco millones de euros en la organización y celebración del referéndum del 9 de noviembre de 2014.

El Gobierno autonómico catalán es un polvorín y aumentan los rumores sobre una remodelación que podría llevarse por delante a “tibios” como el consejero de Interior, Jordi Jané, la portavoz, Neus Munté, la titular de Enseñanza, Meritxell Ruiz, o la de Gobernación, Meritxell Borràs, que es la única componente del ejecutivo que ostenta la condición de investigada por el anulado concurso para la compra de las urnas del referéndum del 1 de octubre.
El Tribunal de Cuentas va a ultimar en pocos días sus primeras decisiones sobre la denuncia contra Mas, Ortega y Rigau por supuestas responsabilidades contables en relación con la consulta del 9-N. Se encargará del asunto la consejera Margarita Mariscal de Gante, ministra de Justicia en el primer gobierno de Aznar, entre 1996 y 2000.
La posibilidad de que los consejeros tengan que asumir con su dinero la celebración de otro referéndum ilegal es la preocupación de los titulares de carteras del PDeCAT en la Generalidad. A los consejeros de la cuota de ERC también les preocupa la hipotética repercusión patrimonial de la desobediencia, pero aún más, sobre todo a Junqueras, el riesgo de inhabilitación, toda vez que las encuestas coinciden en señalar que ERC ganaría las próximas autonómicas y podría gobernar en coalición con los “comunes” de Ada Colau y el PSC.
Los mas afectados son los consellers que desde ayer están sufriendo un examen riguroso de Puigdemont sobre el grado de disposición de su patrimonio para la causa, resulta que no se había contado con esto ahora que el Tribunal ha anunciado la vía del embargo a Artur Mas por los cinco millones dilapidados por lo del 9-N, mas aún cuando se ha enterado que Junqueras y Mas mantienen hilo directo y habrían negociado a espaldas del actual president los ceses de Jané y Munté en favor de Joaquim Forn (concejal del PDeCAT en Barcelona, peón de David Madí e independentista sin mácula) y Jordi Turull, presidente del grupo parlamentario de “Junts pel Sí”.
Solo faltaba la irrupción ayer al Teatro Nacional de Cataluña reclamando las facturas del coste del último aquelarre de afirmación de una pareja de la guardia civil de paisano por orden del juez del Vendrell. Los teléfonos estaban echando humo, ante el rumores de un posible desembarco de la benemérita. Y es que a estos “patriotas” el temor de un ataque a su patrimonio puede afectarles mucho mas que una temporada en la cárcel. 
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  1. Reblogueó esto en El Heraldo Montañés.

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