La vendieron preferentes sin su autorización


Preferentistas en una de sus muchas asambleas.

Preferentistas en una de sus muchas asambleas.

Un juzgado de Llíria obliga a Bankia a devolver 12.000 euros a una vecina de Benaguasil por venderle preferentes sin su autorización.

RAZÓN Y JUSTICIA / El juzgado de primera instancia número tres de Llíria ha condenado a la entidad financiera Bankia a devolver 12.000 euros a una vecina de Benaguasil, de 87 años, porque en el año 2002 le suscribió acciones preferentes por el citado valor sin una autorización firmada. La sentencia, pionera en el partido judicial de Llíria, condena a la entidad bancaria a pagar las costas judiciales, devolverle el dinero y los intereses devengados durante los 11 que ha durado todo el proceso jurídico.

Los hechos denunciados se remontan a marzo de 2012 cuando recibió una carta de Bankia en la que se le informaba de la posibilidad de sustituir las participaciones de preferentes en acciones de nueva emisión bajo amenaza de perder todos sus ahorros si no aceptaba la propuesta. La octogenaria solicitó un extracto de sus operaciones bancarias y se llevó la sorpresa de que era titular de estas obligaciones desde el año 2003 cuyo vencimiento databa de julio de 2022, cuando contaría con 101 años de edad.

La sentencia acredita que la víctima creyó siempre ser poseedora de sendas imposiciones a plazo fijo ya que nunca se le informó de las citadas obligaciones preferentes ni de las condiciones ni de sus características. Por tanto, la entidad incurrió en una falta de información sobre este complejo producto financiero ni del alto riesgo que ofrecía, especialmente en una persona de su edad.

El auto judicial asegura «la inexistencia de información previa a la firma del contrato, no se aportó los test de conveniencia ni el contrato suscrito ni un folleto informativo o documentación de ninguna clase que explique, en términos claros y comprensibles para una persona con estudios básicos qué producto estaba adquiriendo, sus ventajas y sus riesgos». La juez concluye en su fallo que «nos encontramos ante una señora de edad avanzada, ama de casa, sin especial conocimientos en la materia y sin que conste que hubiera efectuado con anterioridad operaciones bancarias complejas».

El PSPV de Benaguasil recuerda que cuando la citada mujer descubrió el fraude «acudió al Ayuntamiento a solicitar asesoramiento pero allí se la negaron, se sintió desamparada ante la pérdida de tamaña cantidad de dinero, con pocos recursos y sin saber qué hacer a sus 86 años; por ello, se tuvo que buscar un abogado particular que le protegiese ante la entidad bancaria».

Los socialistas de Benaguasil reclaman del alcalde de la localidad, Joaquín Segarra, «un mayor asesoramiento para los vecinos que se sientan en la misma situación de indefensión ante las entidades bancarias a pesar de que las arcas municipales destinan anualmente 40.000 euros que sólo sirven para defender al alcalde de sus ilegalidades jurídicas y para denunciar a los grupos de la oposición».

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