Objetivo: Embridar a las comunidades autónomas

Por Xavier Carrió.- Parece que va en serio la decisión del Gobierno de poner en solfa y adelgazar a las administraciones autonómicas y se ha decidido por que sea la Comunidad Valenciana la primera en recibir estas actuaciones. El principal objetivo será el mastodóntico Canal 9, que ya ha  sido anunciado un ERE y todas aquellas empresas, entes públicos y creados para la colocación de personal afín a la clase política gobernante.

El vicepresidente de la Generalidad Valenciana, José Císcar, ha explicado ante los periodistas tras reunirse con los grupos parlamentarios para presentar el borrador de la Ley de RTVV, y ha explicado que esta reducción se enmarca en el «nuevo modelo de Administración» propuesto por el President Alberto Fabra y que obliga a «adelgazar el sector público empresarial».

El Gobierno valenciano despedirá a entre el 40 y el 50% de los empleados del sector público empresarial valenciano, puesto que actualmente la situación de las empresas públicas es «insostenible». Los nefastos datos de las cuentas públicas valencianas, que ya necesitó ayuda del gobierno de Rajoy para hacer frente a un pago con el Deutsche Bank, y unas arcas casi vacías que les impiden hacer frente a los pagos más apremiantes, han puesto a esta comunidad en la primera fila de fuego de Rajoy.

 

Císcar ha explicado que la Generalidad pasará de tener 46 empresas públicas, entidades de derecho público o fundaciones, a «aglutinar» todo el sector público empresarial en seis entes. Además, ha aclarado que la reducción de personal que afectará «exclusivamente al sector público empresarial» no tiene por qué hacerse a través de expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en su totalidad, ya que algunas empresas públicas «se pueden privatizar y los puestos de trabajo pasarían a la empresa privada».

El vicepresidente ha afirmado que el Consejo «no está recibiendo ningún tipo de presión para evitar ningún despido» y ha asegurado que los procesos serán «objetivos y transparentes, atendiendo a las necesidades de cada empresa pública y pensando en la viabilidad».

Por su parte, el portavoz socialista en Las Cortes Valencianas, Antonio Torres, ha señalado que una parte del sector público «es improductiva» y en muchos casos «ha servido única y exclusivamente para propaganda del Gobierno valenciano». En la misma línea se ha expresado el portavoz de Compromís en el Parlamento valenciano, Enric Morera, para quien «no deben pagar justos por pecadores».

Mariano Rajoy quiere dar un golpe de autoridad y demostrar a los mercados internacionales y hacia el Banco Central Europeo, que su decisión de cortar la sangría económica en las comunidades autónomas es firme. El mensaje también va dirigido hacia las comunidades díscolas como Andalucía o los derroteros que podrían tomar otras comunidades como Asturias o Extremadura en el caso de caer en manos socialistas.

 

Los mensajes del Gobierno Central advirtiendo que no le temblará el pulso para intervenir aquella comunidad autónoma que se salga del guión del ajuste al déficit van en serio. Eso es al menos lo que quiere transmitir Mariano Rajoy, con la decisión que sopesa en estos momentos de intervenir una comunidad autónoma.

 

Sobre la mesa del presidente del gobierno están los datos necesarios para la intervención de la Comunidad Valenciana y a continuación Murcia. Ambas comunidades, gobernadas por el PP, y graneros de votos tradicionalmente populares, no supondrían un problema político de enfrentamiento con otra formación política. Posteriormente seguirán las demás gobernadas por el PP. Solo después y si sus gobiernos autonómicos en manos de otras formaciones no secundan la acción del Partido Popular, se iniciarían acciones mucho más contundentes ante aquellas autonomías rebeldes que mantienen un déficit tanto o más elevado que la Comunidad Valenciana como Andalucía o Cataluña, que pueden ser mas problemáticas. En esta línea van las amenazas de Artur Mas de convocar elecciones anticipadas para Cataluña.