Una bomba de relojería.

Por Xavier Carrió.- El anuncio de un nuevo recorte de 10.000 millones más a los pocos días de haberse presentado los Presupuestos Generales del Estado,  esta vez en sanidad y educación, ha puesto a la Comunidades Autónomas en la diana sobre una de las causas de este déficit desbocado que nos ha llevado a una situación límite al borde de la intervención.  

Cuando se instauró el sistema se pensaba exclusivamente en efectuar una descentralización de tipo administrativo para acercar y mejorar los servicios al ciudadano como tienen muchos de los países de nuestro entorno. Esto no ha sucedido así y en este momento estas Comunidades y sus subdivisiones posteriores se han convertido en el principal obstáculo para poder salir de la crisis.

Alrededor de cada una empezó a llegar un dinero de los impuestos para gestionar las competencias adquiridas,  el cual fue destinado en una parte cada vez más importante a la creación de una nueva casta política regional que dedicó una buena parte de estos recursos al fomento de identidades diferenciadoras, desarrollo de idiomas autóctonos,  embajadas, y especialmente a crear un entramado de intereses y corrupción que estaban implicadas más políticos de nuevo cuño, que en vez de gestionar unos recursos limitados se dedicaron a hacer politiqueo casi siempre en contra del Estado central.

El caso de la sanidad es de libro. Tras la aprobación del nuevo sistema de financiación autonómica, que incluía las dotaciones necesarias para que las comunidades autónomas ejercieran las competencias sanitarias, se llevaron a cabo esas transferencias de forma que el gobierno de la nación cedió la gestión de la sanidad a las instituciones autonómicas. El proceso acelerado de esta transmisión de poderes hizo que se desaprovechara notablemente la larga experiencia acumulada por el INSALUD en la gestión eficiente de los recursos sanitarios, con equipos humanos altamente cualificados y un catálogo de procesos suficientemente testados en el tiempo para garantizar el mejor uso de los recursos públicos puestos a disposición de la sanidad.

La entrada de las comunidades autónomas en esta parcelación de las competencias sanitarias tuvo como primer efecto la eliminación de las ventajas de toda economía de escala,  dado que es mucho más ventajoso comprar productos o contratar servicios para todo el territorio nacional que hacerlo por separado para cada una de las 17 comunidades. Además de ese importante efecto, la cesión de la sanidad a las autonomías tuvo como consecuencia la multiplicación de los equipos de gestión y los gastos administrativos para hacer funcionar el nuevo sistema parcelado fruto de las transferencias realizadas.

Por otra parte, la asunción de las competencias sanitarias por las autonomías provocó la equiparación al alza de los salarios de los profesionales del INSALUD con sus colegas de cada comunidad autónoma, además del hecho suficientemente constatado de que la sanidad pasó a formar parte del elenco demagógico de la clase política autonómica, prometiendo y llevando a cabo numerosas inversiones con motivo de las citas electorales, no siempre justificadas desde la racionalidad, que después habría que dotar de personal y equipos con el incremento de gasto consiguiente.

La consecuencia práctica de este proceso en términos económicos es que el gasto sanitario español pasó de 38.563 millones en 2002, justo antes de producirse las transferencias, a los 88.828 millones que costó la sanidad en España en 2010, último año recogido por las estadísticas oficiales del Ministerio -se estima que cerró 2011 en los 95.000 millones de euros-. Así pues, como consecuencia de que las autonomías pasaran a gestionar la sanidad pública, en tan sólo ocho años el gasto sanitario español se duplicó sobradamente, tras dispararse un 131%.

En otras palabras, la decisión del último gobierno de Aznar de transferir a las comunidades autónomas nos cuesta ahora mismo a los españoles unos 50.000 millones cada año. Descontado el impacto lógico en las cuentas sanitarias del normal aumento de población en España y el IPC interanual, nuestro sistema de salud arroja un exceso de gasto no inferior a 35.000 millones -el triple de los recortes presupuestarios de Rajoy para 2012-, que de no haberse producido esas transferencias convertiría en innecesarias las subidas de impuestos recetados por el actual gobierno para combatir los efectos de la crisis económica.

Un caso parecido se ha producido con la Educación Pública donde las Autonomías tendrán que justificar cual ha sido su papel en los malos resultados de nuestra educación con el agravante de haberla politizado hasta la nausea, en favor de los caciques locales.

Ahora mismo hay numerosos mensajes que apremian a un desmantelamiento del Estado de las Autonomías y sus ramificaciones ante esta “bomba de relojería” que supone el pastel autonómico y el crecimiento exponencial de sus gastos. En Andalucía, pero también Cataluña,  se posan todas las miradas ante su postura frontal a cualquier recorte a la espera del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que tendrá lugar a principios de mayo que tendra que ser quien tenga que ponerle el cascabel al gato.