Herencia envenenada.


Esta semana ha cerrado sus puertas el Congreso de los Diputados, tras una desastrosa legislatura, con resultados excepcionalmente malos.

La generosidad de mi grupo parlamentario, del que me despido, quiso que yo interpelara a la Vicepresidenta Primera, tras las intervenciones de Mariano Rajoy, Soraya y Cristóbal Montoro, y en las respuestas gubernamentales de esa mañana se pusieron de manifiesto algunos vectores que condicionarán extraordinariamente al próximo gobierno.

Si los españoles deciden confirmar las encuestas y se produce el indispensable giro político nacional, el gobierno de Rajoy se encontrará con una envenenada herencia en tres niveles distintos.

El primero el económico, que al ser padecido la totalidad de los ciudadanos requiere pocas explicaciones. Cinco millones de parados, cortes de luz en nuestros ayuntamientos, nacionalización de cajas de ahorro, más de 700.000 millones de euros de deuda pública, y un país intervenido desde la Unión Europea son resumen suficiente.

El segundo ámbito de esta herencia envenenada, es el territorial, donde en esta legislatura los amigos de ETA, tras ser esta blanqueada por unas ignominiosas conversaciones entre gobierno y terroristas, han regresado a las instituciones, y además el socialismo ha culminado su deriva nacionalista instando al desacato de las sentencias que exigen respeto al derecho de la mayoría de niños catalanes, de lengua materna castellana a ser educados en ella.

Pero quizás la más inquietante contaminación que recibirá Rajoy en la maltrecha herencia será, por pasar desapercibida, la institucional, aquella en la que perdida de respeto y prestigio de nuestras instituciones sacaba los cimientos de nuestro estado de derecho.

Así a la politizada de la Justicia, y al manifiesto desacato gubernamental de sus sentencias, hay que añadir la ocupación política de organismos teóricamente independientes, de derecho, en el último Pleno de la legislatura le reproché a la Vicepresidenta Salgado que nombrase a su jefe de gabinete como consejero de la Comisión Nacional de la Competencia para los próximos 6 años, y lo mismo ha ocurrido con las designaciones del  jefe de gabinete del Ministro de Justicia como director de la Agencia Española de Protección de Datos, o con Alberto Lafuente, también socialista, en la Presidencia de la Comisión Nacional de la Energía, o con Bernardo Lorenzo, ex secretario de Estado, como Presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.

Esta larga cadena de recolocaciones en los minutos finales de la legislatura, sin consenso, suponen una inquietante rémora para el futuro ejecutivo, especialmente si quién va a dirigir la oposición, es Rubalcaba, jefe de los nombrados.

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