Reforma profunda


Ante la más profunda de las crisis hay que responder con la más profunda de las reformas. Hace un mes escribí “La verdadera reforma pendiente” en referencia al ineludible recorte en el gasto público con el que debe comenzar la recuperación, hoy los datos conocidos abundan en esta receta.

Se acaba de conocer que la deuda pública ha alcanzado los 814.000 millones de euros, con un aumento de más de 300.000 millones en la actual legislatura, esto supone que cada español tiene una deuda personal de 17.319 euros, de las cuales las tres cuartas partes corresponden al gobierno central y el resto se reparte entre las administraciones autonómicas y locales.

Una familia de tres miembros deberá pagar casi nueve millones de pesetas en impuestos a las administraciones solo para que estas sufraguen  sus deudas, es decir, a cambio de nada, y además, obviamente, el resto de tributos con los que merecidamente hay que pagar los salarios de médicos, maestros y policías.

Todo indica que a pesar de que el ejecutivo socialista tiene competencia exclusiva sobre las “bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica” ha perdido el control del gasto.

El sobreendeudamiento público ha provocado, primero, un efecto expulsión de la iniciativa privada, que se ha quedado sin los prestamos que ahora se dirigen a las administraciones, y en segundo lugar, una elevación de todos los impuestos para devolver los prestamos que la administración pidió.

La falta de créditos y las subidas de impuestos provocados por el exceso de deuda pública, además de convertirnos en mendigos internacionales de crédito, hacen que la propia vicepresidenta Salgado acabe de anunciar un incremento en su previsión de paro.

Las medidas adoptadas por el actual ejecutivo no han alcanzado los resultados previstos y sirva como dato que mientras las inversiones reales se han visto reducidas en un 24% respecto al último presupuesto del PP, el gasto de personal del sector público se ha incrementado más un 38% en el mismo periodo.

Por ello se hace urgente una reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, para restituir los límites al gasto público de todas las administraciones, la supresión de buena parte de los 477 entes dependientes del Estado, la mengua del número de altos cargos, crear centrales de compras para rebajar el coste de los suministros,  simplificar la normativa que nos permita ganar en simplicidad burocrática y restituir la unidad de mercado, armonizando normas para evitar las disfunciones que produce para el crecimiento económico la existencia de 17 ordenamientos diferentes y disuasorios de la actividad económica.

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